El sector de los áridos reclama la reactivación inmediata de las obras y un Plan de construcción verde para impulsar la economía

Madrid, a 23 de abril. En una encuesta realizada por la Federación de Áridos entre los días 16 y 21 de abril el sector ha descrito el efecto de la crisis de la COVID-19 sobre esta industria y han manifestado sus preocupaciones por el futuro de sus empresas y de los puestos de trabajo.

Actualmente, se está trabajando a un 45% de actividad respecto a lo previsto y se prevé que la caída al final de año sea del 40%, lo que llevaría las ventas del sector al peor dato de la historia, comprometiendo la viabilidad económica de muchas de las empresas del sector.

Actualmente el nivel de petición de ofertas es muy bajo, lo que augura un parón diferido de la actividad, si no se adoptan medidas dinamizadoras de la construcción.

Esta industria está haciendo un uso racional y responsable de los expedientes de regulación temporal de empleo, a la espera de retomar su actividad y de poder recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis sanitaria. Pero, en ausencia de esas medidas, el 57% de las empresas considera que sus plantillas disminuirán. Únicamente un tercio de las empresas no tiene dudas sobre su viabilidad.

Además, de la previsible caída de las ventas, preocupa que los extremadamente dilatados plazos de pago de la construcción, en 116 días a finales de 2019 (147 días en la obra pública), según datos del Banco de España,  crezcan abruptamente, cuando el plazo que establece la ley es de 60 días, comprometiendo la tesorería de las empresas y exponiéndolas injustamente a los impagos de sus clientes.

Entre las propuestas de medidas urgentes que reclama el sector destacan:

1. Inmediata reactivación de las obras públicas, sin recortes, y aprobación de un Plan Nacional de Construcción Verde (Green Construction), para compensar la caída de otros sectores motores de la economía nacional

• En primer lugar, la inmediata reactivación de la ejecución real y acelerada de los contratos de las obras públicas ya existentes, evitando sus demoras y dilaciones excesivas de los últimos años, mediante el aumento de la anualidad, gracias a presupuestos adicionales ya que, al estar contratado el aumento de la anualidad para 2020 y 2021, son medidas sencillas e inmediatas de implementar para lanzar la recuperación. Esto incluye la realización de obras a través de los Ayuntamientos y Diputaciones, que, actualmente tienen remanentes de 12.000 millones de Euros que están retenidos en cuentas por causa de la estabilidad presupuestaria.

Se propone un Plan Nacional de Construcción Verde, ya que es el momento de impulsar infraestructuras relacionadas con la Agenda 2030 (Plan de Infraestructuras Verdes 2030), como las vinculadas con la gestión del agua (regulación, distribución, reducción de pérdidas (26%), alcantarillado y depuración), la movilidad sostenible (metro y redes de cercanías, aparcamientos disuasorios, etc.), las conexiones intermodales y los nodos logísticos, la mejora de la red ferroviaria de mercancías que es varias veces más eficiente y con un nivel de emisiones de efecto invernadero cinco veces menor que el resto de modos, la prevención de los efectos del cambio climático en la protección de las costas, así como de las avenidas e inundaciones de los ríos, de la escasez de agua y de la desertificación (control de la erosión y regadíos), la red de energías renovables, las infraestructuras para la economía circular (puntos verdes, estaciones de transferencia, plantas de tratamiento e infraestructuras de valorización energética), el urbanismo inclusivo y sostenible (soterramientos de vías de ferrocarril, calles de alto tráfico, by-pass), etc.

Dentro de este plan, también es esencial poner en marcha un Plan Nacional Renove de Rehabilitación, de Mejora de la Eficiencia Energética en la Edificación y de Dotación de Vivienda Pública.

1. Realización urgente de un Plan de pago a proveedores y de un RDl para el cumplimiento de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad

• En un momento donde los plazos de pago legales son de 30 días (contratos con AAPP) y 60 días (entre empresas), la realidad, según la Central de Balances del Banco de España muestra que, en la construcción, están en 116 días. Así, la crisis del COVID-19 está sirviendo de pretexto para muchas empresas morosas para anunciar que “paralizan los pagos hasta que termine la crisis”. Si este periodo durase, por ejemplo, 2 meses, el plazo de pago pasaría abrupta y automáticamente a cerca de 200 días.

Por eso, es esencial la habilitación de medidas específicas para el cumplimiento urgente, por Administraciones y empresas, de la Ley 15/2010, con objeto de proteger a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, en su derechos reconocidos por las leyes y a promover por ello, en las distintas administraciones y en las empresas, el cumplimiento de la legislación de morosidad para converger con los estándares de plazo de pago de las economías europeas, de conformidad con la normativa de la UE y evitando lastrar su competitividad.

Los áridos son un producto esencial e insustituible para la construcción y para otras industrias. Son la segunda materia prima más consumida por el hombre, después del agua. En España, este sector todavía está sufriendo las consecuencias devastadoras de la crisis financiera de 2008. Tanto es así que el consumo nacional era, a finales de 2019, un -70% respecto al valor en aquel año. España es el último país de la Unión Europea en consumo de áridos por habitante y año, con unos valores ridículos de menos de la mitad de la media europea por habitante.

Las empresas de esta industria, mayoritariamente PYMEs, han sufrido terriblemente desde 2008, en el que han desaparecido más de un 35% de empresas, un 30% de explotaciones mineras y un 43% del empleo directo.

El sector de los áridos, con algo más de 1.000 empresas y cerca de 23.000 trabajadores, forma parte del sector de fabricantes de productos de construcción que representa a 4.000 empresas directas y 34.000 de forma indirecta, más de 360.000 trabajadores, el 13% de la industria española, y una exportación de 25.000 millones de euros en 2019, el 8,75% de la economía española. Al ubicarse en zonas rurales o periurbanas, permite fijar la población en los pueblos de alrededor, proporcionando empleo estable y de calidad, y dinamizando económica y socialmente estas áreas de la España vaciada.

La Federación de Áridos – FdA desea expresar su más sentido pésame a los familiares de las víctimas y todo su reconocimiento apoyo a todo el personal sanitario – médicos, enfermeras, farmacéuticos, conductores de ambulancia, limpiadores y celadores – y, también, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos y a todas aquellas personas que hacen posible cubrir las necesidades de los ciudadanos confinados, haciendo gala de una determinación y generosidad sin límites.

Las empresas, en el ámbito de sus responsabilidades, tratan de contribuir a esta tarea colectiva: han organizado el trabajo a distancia a aquellos trabajadores que pueden desempeñarlo y están colaborando con las autoridades sanitarias en la mejor gestión posible de los centros de trabajo, redoblando las actividades de prevención y de desinfección, cuidando de que todo el personal, tanto propio como de empresas colaboradoras, disponga de los equipos de protección individual (EPIs) que precisan para el desempeño de su trabajo, siempre en la medida de las posibilidades de acceso a estos. La escasez de EPIs y de test de detección rápida de COVID-19 es importante que sea resuelta en un corto plazo por el Ministerio de Sanidad, ya que las empresas que disponían de estos EPIs hicieron donación a las urgencias médicas al inicio de la crisis y ahora los necesitan para poder reforzar la protección de sus propios trabajadores.

Las empresas de áridos aplican el PROTOCOLO / INSTRUCCIÓN DE TRABAJO FRENTE AL COVID-19 EN EXPLOTACIONES MINERAS Y EN PLANTAS DE TRATAMIENTO (12 de abril de 2020) elaborado por COMINROC, conjuntamente por la Confederación Española de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales – COMINROC, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de y Grados en Minas y Energía y el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas. Es una puesta al día del publicado con fecha (19 de marzo de 2020), con motivo de las últimas recomendaciones publicadas por el Gobierno.