El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una de las piezas centrales del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción impulsado en el verano de 2025. El texto articula un paquete de 84 medidas y contempla la modificación de 18 leyes con el objetivo de reforzar de manera estructural la prevención, detección, sanción y reparación de las conductas corruptas en el ámbito público.

La futura norma se apoya en cinco grandes ejes: prevención y fortalecimiento de controles; investigación y acción de la Justicia; sensibilización ciudadana; recuperación de activos; y protección de informantes.

Una de las principales novedades es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que actuará como autoridad administrativa central en la lucha contra la corrupción. Este nuevo organismo integrará la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, con el propósito de mejorar la coordinación, reforzar la especialización y aumentar la eficacia en la detección y persecución de prácticas irregulares.

En el ámbito de los partidos políticos, el anteproyecto refuerza las exigencias de transparencia y control económico. Se establece la obligación de auditoría externa para aquellas formaciones que reciban más de 50.000 euros en fondos públicos y se reduce significativamente el umbral de publicación de donaciones, que pasa de 25.000 a 2.500 euros, con un plazo máximo de un mes para su publicidad. Además, se endurece el régimen sancionador por incumplimientos en materia de financiación y rendición de cuentas.

La contratación pública constituye otro de los pilares de la reforma. La norma introduce medidas para incrementar la transparencia y el control, entre ellas la publicidad del registro de empresas con prohibición de contratar y el cruce sistemático de datos entre distintos registros administrativos para detectar patrones de influencia indebida o riesgos de corrupción estructural. Asimismo, se prevé la creación de comités de integridad en los ministerios y el refuerzo de los mecanismos de control interno.

El texto apuesta también por la utilización intensiva de herramientas tecnológicas. La Plataforma de Contratación del Estado ampliará su información y empleará sistemas de análisis avanzado de datos, Big Data e inteligencia artificial para identificar anomalías y prevenir conductas irregulares. Además, se amplía el uso de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés y de la herramienta MINERVA a todos los procedimientos de gasto del sector público estatal.

En el plano penal, el anteproyecto introduce reformas relevantes para endurecer la respuesta frente a la corrupción. Se amplían los plazos de prescripción de determinados delitos, se incrementan las penas máximas de inhabilitación y se refuerzan las sanciones por tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en casos relacionados con prácticas corruptas.

La norma refuerza igualmente la protección de las personas informantes, consolidando su derecho a denunciar en entornos seguros y sin represalias.

Otro eje esencial es la recuperación de activos. En cumplimiento de la normativa europea reciente, se fortalecen las competencias de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se incorporan figuras como el decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada, garantizando, en todo caso, la tutela judicial. Asimismo, se vincula el acceso a beneficios penitenciarios al cumplimiento de la responsabilidad civil y a la devolución de las cantidades defraudadas.