El BOJA ha publicado el Decreto 15/2026, de 4 de febrero (BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2026), por el que la Junta de Andalucía articula medidas de gobernanza y fomento para potenciar el impacto económico, social y laboral asociado a las instalaciones mineras de mayor relevancia, en línea con la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030. El Decreto entrará en vigor el 13 de marzo de 2026, al establecerse su efectividad a los treinta días naturales contados desde su publicación.
La norma se centra en las denominadas “instalaciones mineras de gran relevancia”, concepto que vincula a explotaciones de mineral metálico con un volumen de extracción proyectado igual o superior a un millón de toneladas anuales y un impacto de empleo directo de, al menos, 200 personas trabajadoras, admitiéndose que estos umbrales puedan considerarse de forma agregada cuando concurran varias instalaciones dentro de un ámbito territorial que no deberá superar el provincial. A partir de ese perímetro, el decreto introduce una herramienta central: los “planes específicos de actuación”, concebidos como planes de fomento de ecosistemas minero-industriales en comarcas mineras y zonas de influencia, con diagnóstico previo, objetivos evaluables y análisis económico-financiero y de coste-beneficio. La Junta subraya, además, que la aprobación de estos planes no predetermina ni sustituye la necesaria tramitación y autorización ambiental de los proyectos que se desarrollen en las zonas delimitadas.
El Decreto prevé que el impulso a estos ecosistemas pueda desplegarse mediante apoyo económico o financiero a inversiones; medidas facilitadoras para mejorar el entorno productivo, promover sinergias y avanzar en sostenibilidad; actuaciones de capital humano y fomento de la participación de la mujer; medidas para la agilización administrativa en la ejecución de inversiones; y mecanismos de coordinación, comunicación y gobernanza.
En este marco, se contempla la posibilidad de convocar “manifestaciones de interés” como consultas públicas abiertas y no vinculantes para recabar información del tejido empresarial y la sociedad civil, así como la creación y desarrollo de una Red de Municipios Mineros de Andalucía orientada a reforzar la cooperación con entidades locales y la visibilidad y transparencia de las actuaciones. Asimismo, se prevé que cada plan incluya un plan de comunicación con resultados medibles y que se promueva un “Catálogo de Oferta Conjunta” para la atracción de inversiones industriales, con información sobre capacidades, suelo industrial y servicios municipales disponibles.
Desde la perspectiva institucional, el decreto también modifica el Decreto 97/2022 para ajustar la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Minería Sostenible en Andalucía, incorporando una vocalía de la Consejería de Salud y Consumo y actualizando la estructura de grupos de trabajo permanentes vinculados, entre otros aspectos, a la coordinación administrativa y telematización de procedimientos, el impulso de infraestructuras y financiación, la formación e innovación, y el seguimiento y evaluación del impacto socioeconómico de los proyectos.